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Leyendo un poco sobre el tema, resulta que claro, la legislación y medidas sobre vivienda se divide en:
Las comunidades autónomas que elaboran los planes de vivienda, regulan requisitos y condiciones de VPO y declaran (o no) zonas tensionadas.
Los ayuntamientos que son los que elaboran la planificación del suelo, conceden licencias de obras y rehabilitación y aplican los impuestos (IBI).
El Estado, que legisla sobre arrendamientos, elabora el plan estatal de vivienda, concede los fondos para las CC.AA y regula los procedimientos de desahucio.
Es decir, las CC.AA deciden si se topan los precios del alquiler, declarando una zona tensionada. El ayuntamiento decide si aplica un recargo en el IBI (lo permite la Ley del 2023) por estar una vivienda desocupada y el Estado pone la pasta y establece las condiciones de alquileres y desahucios.
Y todos ellos pueden construir vivienda pública, con las condiciones que establezca la CC.AA.
Resultado: un caos y que unos se echen la culpa a los otros. Para eso, prefería que la competencia fuese exclusiva de una administración y ya.
